Mapiripán conmemora, después de 12 años de tristeza y dolor, la masacre que se vivió durante cinco días en aquel municipio del Meta, cuando más de 200 paramilitares, con ayuda del Ejército Nacional, torturaron, masacraron y desmembraron al menos a 49 campesinos, esparciendo sus restos por todo el río Guaviare.
La Mesa de Trabajo Mapiripán, junto con distintas organizaciones defensoras de derechos humanos, quiso rendir un homenaje a los campesinos asesinados y a todas las familias que vivieron esos fatídicos días, lanzando, el pasado 11 de junio, la Caravana de la memoria por la vida y la paz, ’Mapiripán 12 años’.
El objetivo de esta movilización, que se realizará entre el 18 y el 20 de julio, es recordar lo que sucedió en ese municipio, buscando que la masacre no quede en el olvido. Además, en honor a las víctimas, se colocará un monumento en el lugar en que fueron cometidos los crímenes.
Entre el 15 y el 19 de julio de 1997, un grupo de paramilitares, apoyados por el Ejército y la Policía, llegaron a Mapiripán y cerraron las rutas de acceso a esa población, con el propósito de asesinar a decenas de personas, a las que acusaban de ser, supuestamente, colaboradores de la guerrilla. Según testimonios, las AUC llegaron con una lista en la que se encontraban los nombres de sus víctimas, quienes fueron sacadas a la fuerza de sus casas para ser torturadas, mutiladas y asesinadas.
Durante días, los paramilitares se ensañaron con esta pequeña población, degollando, decapitando y quitando manos y pies a los incluidos en la ’lista negra’ proporcionada, según se supo años después, por la inteligencia militar.
Dicen los pobladores que no podían ir a preguntar por sus familiares ni recoger los cuerpos para darles sepultura, porque los paramilitares lo prohibían, bajo pena de muerte. Los sobrevivientes salieron huyendo de ese lugar: muchos llegaron a Villavicencio y Bogotá, a las casas de familiares, muchos otros aguantaron hambre en las calles, sin poder olvidar lo sucedido. Años después de la masacre, se dice que siguen desapareciendo a las personas que sobrevivieron al suceso.
Investigaciones sobre el caso llegaron a la conclusión de que el hecho fue planeado en el Urabá por Salvatore Mancuso y Carlos Castaño. Para la acción criminal fueron usados dos aviones con tropas paramilitares a bordo, que partieron desde Apartadó y Necoclí (Antioquia) hasta el aeropuerto militar de San José de Guaviare. La Fiscalía determinó, en su momento, la responsabilidad del Ejército que, además de no haber documentado la operación de estas aeronaves, prestó a las tropas de ultraderecha el transporte terrestre y las lanchas rápidas necesarias para transportarse hasta Mapiripán.
Por estos hechos fueron destituidos y juzgados el general Jaime Humberto Uscátegui, quien fue absuelto de los cargos después de cumplir ocho años de su condena, y el teniente coronel Hernán Orozco Castro, quien escapó de la cárcel y se mantiene prófugo de la justicia.
Con ello, las penas de hasta 40 años con las que se pensó se castigaría a los responsables no han sido cumplidas y los autores intelectuales de esta masacre no han sido debidamente identificados, según señala el fallo con el que, el 15 de septiembre de 2005, la Corte Iberoamericana de Derechos Humanos condenó al estado colombiano por la participación de la Fuerza Pública en estos crímenes de estado.
Actualmente, distintas multinacionales estadounidenses han llegado a Mapiripán para intentar comprarle sus tierras a los campesinos, fundamentalmente para la explotación minera, lo que plantea de nuevo el debate sobre la responsabilidad de EU en este crimen.
Mapiripán aún no se repone de lo sucedido, pero sigue esperando que los responsables de esta masacre paguen por sus delitos. Mientras tanto, se harán honores a la memoria de los inocentes asesinados por esos tristes días de julio, a manos del Estado y de fuerzas paramilitares.
La Mesa de Trabajo Mapiripán, junto con distintas organizaciones defensoras de derechos humanos, quiso rendir un homenaje a los campesinos asesinados y a todas las familias que vivieron esos fatídicos días, lanzando, el pasado 11 de junio, la Caravana de la memoria por la vida y la paz, ’Mapiripán 12 años’.
El objetivo de esta movilización, que se realizará entre el 18 y el 20 de julio, es recordar lo que sucedió en ese municipio, buscando que la masacre no quede en el olvido. Además, en honor a las víctimas, se colocará un monumento en el lugar en que fueron cometidos los crímenes.
Entre el 15 y el 19 de julio de 1997, un grupo de paramilitares, apoyados por el Ejército y la Policía, llegaron a Mapiripán y cerraron las rutas de acceso a esa población, con el propósito de asesinar a decenas de personas, a las que acusaban de ser, supuestamente, colaboradores de la guerrilla. Según testimonios, las AUC llegaron con una lista en la que se encontraban los nombres de sus víctimas, quienes fueron sacadas a la fuerza de sus casas para ser torturadas, mutiladas y asesinadas.
Durante días, los paramilitares se ensañaron con esta pequeña población, degollando, decapitando y quitando manos y pies a los incluidos en la ’lista negra’ proporcionada, según se supo años después, por la inteligencia militar.
Dicen los pobladores que no podían ir a preguntar por sus familiares ni recoger los cuerpos para darles sepultura, porque los paramilitares lo prohibían, bajo pena de muerte. Los sobrevivientes salieron huyendo de ese lugar: muchos llegaron a Villavicencio y Bogotá, a las casas de familiares, muchos otros aguantaron hambre en las calles, sin poder olvidar lo sucedido. Años después de la masacre, se dice que siguen desapareciendo a las personas que sobrevivieron al suceso.
Investigaciones sobre el caso llegaron a la conclusión de que el hecho fue planeado en el Urabá por Salvatore Mancuso y Carlos Castaño. Para la acción criminal fueron usados dos aviones con tropas paramilitares a bordo, que partieron desde Apartadó y Necoclí (Antioquia) hasta el aeropuerto militar de San José de Guaviare. La Fiscalía determinó, en su momento, la responsabilidad del Ejército que, además de no haber documentado la operación de estas aeronaves, prestó a las tropas de ultraderecha el transporte terrestre y las lanchas rápidas necesarias para transportarse hasta Mapiripán.
Por estos hechos fueron destituidos y juzgados el general Jaime Humberto Uscátegui, quien fue absuelto de los cargos después de cumplir ocho años de su condena, y el teniente coronel Hernán Orozco Castro, quien escapó de la cárcel y se mantiene prófugo de la justicia.
Con ello, las penas de hasta 40 años con las que se pensó se castigaría a los responsables no han sido cumplidas y los autores intelectuales de esta masacre no han sido debidamente identificados, según señala el fallo con el que, el 15 de septiembre de 2005, la Corte Iberoamericana de Derechos Humanos condenó al estado colombiano por la participación de la Fuerza Pública en estos crímenes de estado.
Actualmente, distintas multinacionales estadounidenses han llegado a Mapiripán para intentar comprarle sus tierras a los campesinos, fundamentalmente para la explotación minera, lo que plantea de nuevo el debate sobre la responsabilidad de EU en este crimen.
Mapiripán aún no se repone de lo sucedido, pero sigue esperando que los responsables de esta masacre paguen por sus delitos. Mientras tanto, se harán honores a la memoria de los inocentes asesinados por esos tristes días de julio, a manos del Estado y de fuerzas paramilitares.
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