INFORME DE LA ONU
Para comprender la crisis y sus impactos, y para poder realizar recomendaciones adecuadas en torno al problema de la vivienda, es importante analizar las decisiones económicas y financieras que han llevado a la situación actual.
Es comúnmente aceptado que la crisis se ha originado por la quiebra del sistema de crédito asociado a las hipotecas subprime. Este concepto fue acuñado para aquellas hipotecas que se daban a personas que no podían acceder a las hipotecas convencionales. Las subprime tenían condiciones más duras de pago, como mayores intereses y un gran riesgo de desahucio por impago. Estas hipotecas fueron posteriormente vendidas en los mercados financieros a inversores globales.
Durante la última década generaron un negocio estimado de 1.3 millones de millones de dólares hasta marzo de 2007. Fueron promovidas, en principio, por algunos países desarrollados como una manera de expandir el mercado inmobiliario, frecuentemente a las familias de bajos ingresos. Se hizo en un contexto de gran liquidez que inducía a una rápida expansión del crédito en países emergentes y desarrollados. El mercado financiero inmobiliario llego a ser una actividad importante para el sector financiero, inflando la burbuja de precios en el sector. La liberalización del mercado fue promovida por el desarrollo de normativas y políticas de desregulación de los mercados financieros.
Por ejemplo, se decidió relajar los controles a los créditos y acabar con las limitaciones a la entrada de los mercados de deuda.
En EE.UU., las subprime surgieron a mediados de los ‘90, llegando al 20.1% de todas las hipotecas concedidas en 2006. Desde 2004, más del 90% de las subprime tenían un tipo de interés variable que crecía rápidamente después de un período inicial de bajo interés.
En años recientes, la mayoría de hipotecas tipo subprime fueron hechas por instituciones sin depósitos. Para eso, esas “originadoras” pidieron prestados millones de dólares; así, fueron dueñas de los créditos sólo brevemente (60 o 90 días) antes de empaquetarlos con otros créditos y venderlos a mercados secundarios de inversores en un proceso llamado de securitización[2], lo que les permitiría devolver los créditos que habían pedido.
La expansión del negocio de las subprime fue acompañado de una inadecuada percepción del riesgo por los inversores, la falta de diligencia de reguladores y supervisores, la excesiva permisividad de las instituciones financieras y la especulación inmobiliaria y sobre-construcción durante el periodo de boom. Los consumidores se vieron inadecuadamente protegidos y frecuentemente fueron víctimas de prácticas abusivas.
Mientras tanto, en el caso de España se practicaron otras formas de subprime: financiando el 100% de la vivienda o hipotecas sin intereses iniciales para jóvenes, etc.
El sistema funcionó mientras crecía el mercado de vivienda y los hipotecados podían pagar sus mensualidades. Entre 2006 y 2007 el mercado de vivienda se estancó en muchos países, los créditos se revaluaron y en 2007 un gran número de hipotecados dejó de pagar. Comenzaron las ejecuciones hipotecarias, cuadruplicándose entre el tercer cuarto de 2005 y finales de 2007, llegando los impagos al 20.43 %.
Entre el verano y el otoño de 2007 el colapso del mercado de las subprime comenzó a afectar a los bancos de EE.UU. y Europa que habían invertido en él. Los intervienen de diversas maneras, la mayoría con inyecciones de dinero por parte de los bancos centrales, apoyando determinados bancos y compañías y en algunos casos nacionalizando instituciones.
En diciembre de 2007, el presidente de EE.UU. propuso medidas de apoyo a las víctimas de la crisis, en especial a los pendientes de desahucio, estimados en 1.7 millones de personas.
Los mercados de valores comienzan a tener importantes caídas a partir de enero de 2008 y el impacto de la crisis en la economía real se predice por parte del Banco Mundial.
Durante el año, mientras que los precios de la vivienda y las hipotecas continúan cayendo y un creciente número de bancos se colapsan, las iniciativas para contener la crisis se multiplican, incluyendo los paquetes de medidas de rescate nacionales para los sistemas bancarios y los recortes de los tipos de interés de los bancos centrales. A partir de agosto de 2008, un creciente número de personas perdieron sus empleos en los países occidentales.
De cara a una potencial catástrofe, y en medio de duras críticas por la intervención del estado para salvar compañías privadas y mercados, algunos países intervienen comprando activos contaminados, inyectando dinero a los bancos. Estas medidas son consideradas por algunos expertos como una oportunidad para repensar un sistema en el que las entidades privadas han tomado como rehenes a la población y las autoridades, dadas las consecuencias significativas de sus actuaciones.
La actual crisis representa una amenaza para la implementación del derecho a la vivienda si las pérdidas de los bancos se convierten en deuda pública a expensas de los programas estatales y la ayuda para vivienda y otras áreas sociales. Ello puede profundizar la actual crisis de vivienda y de las condiciones de vida.
Otro elemento a tener en cuenta es el impacto en los estados de los procesos de aceleración de la interdependencia global, interacción e integración. La crisis que inicialmente era vista como de los países desarrollados está afectando rápidamente a los países en vías de desarrollo. Afectará de forma diferente dependiendo de sus relaciones con el sistema financiero internacional; afectará menos en el África Subsahariana por su menor conexión con las instituciones financieras occidentales.
A pesar de eso tendrá efectos en los países en vías de desarrollo: disminución de las exportaciones, reducción de la ayuda al desarrollo, disminución de las remesas de los migrantes y reducción de la inversión extranjera directa. Además, en caso de una recesión global la crisis afectará a todos los países.
La Relatora Especial cree que la crisis y sus orígenes en el mercado inmobiliario reflejan los errores fundamentales en las políticas de viviendas, y revela la incapacidad de los mecanismos del mercado para proveer de vivienda adecuada para todos. Las causas que se encuentran bajo la crisis hipotecaria y financiera deben ser examinadas para calcular su impacto en el derecho a la vivienda adecuada.
Para comprender la crisis y sus impactos, y para poder realizar recomendaciones adecuadas en torno al problema de la vivienda, es importante analizar las decisiones económicas y financieras que han llevado a la situación actual.
Es comúnmente aceptado que la crisis se ha originado por la quiebra del sistema de crédito asociado a las hipotecas subprime. Este concepto fue acuñado para aquellas hipotecas que se daban a personas que no podían acceder a las hipotecas convencionales. Las subprime tenían condiciones más duras de pago, como mayores intereses y un gran riesgo de desahucio por impago. Estas hipotecas fueron posteriormente vendidas en los mercados financieros a inversores globales.
Durante la última década generaron un negocio estimado de 1.3 millones de millones de dólares hasta marzo de 2007. Fueron promovidas, en principio, por algunos países desarrollados como una manera de expandir el mercado inmobiliario, frecuentemente a las familias de bajos ingresos. Se hizo en un contexto de gran liquidez que inducía a una rápida expansión del crédito en países emergentes y desarrollados. El mercado financiero inmobiliario llego a ser una actividad importante para el sector financiero, inflando la burbuja de precios en el sector. La liberalización del mercado fue promovida por el desarrollo de normativas y políticas de desregulación de los mercados financieros.
Por ejemplo, se decidió relajar los controles a los créditos y acabar con las limitaciones a la entrada de los mercados de deuda.
En EE.UU., las subprime surgieron a mediados de los ‘90, llegando al 20.1% de todas las hipotecas concedidas en 2006. Desde 2004, más del 90% de las subprime tenían un tipo de interés variable que crecía rápidamente después de un período inicial de bajo interés.
En años recientes, la mayoría de hipotecas tipo subprime fueron hechas por instituciones sin depósitos. Para eso, esas “originadoras” pidieron prestados millones de dólares; así, fueron dueñas de los créditos sólo brevemente (60 o 90 días) antes de empaquetarlos con otros créditos y venderlos a mercados secundarios de inversores en un proceso llamado de securitización[2], lo que les permitiría devolver los créditos que habían pedido.
La expansión del negocio de las subprime fue acompañado de una inadecuada percepción del riesgo por los inversores, la falta de diligencia de reguladores y supervisores, la excesiva permisividad de las instituciones financieras y la especulación inmobiliaria y sobre-construcción durante el periodo de boom. Los consumidores se vieron inadecuadamente protegidos y frecuentemente fueron víctimas de prácticas abusivas.
Mientras tanto, en el caso de España se practicaron otras formas de subprime: financiando el 100% de la vivienda o hipotecas sin intereses iniciales para jóvenes, etc.
El sistema funcionó mientras crecía el mercado de vivienda y los hipotecados podían pagar sus mensualidades. Entre 2006 y 2007 el mercado de vivienda se estancó en muchos países, los créditos se revaluaron y en 2007 un gran número de hipotecados dejó de pagar. Comenzaron las ejecuciones hipotecarias, cuadruplicándose entre el tercer cuarto de 2005 y finales de 2007, llegando los impagos al 20.43 %.
Entre el verano y el otoño de 2007 el colapso del mercado de las subprime comenzó a afectar a los bancos de EE.UU. y Europa que habían invertido en él. Los intervienen de diversas maneras, la mayoría con inyecciones de dinero por parte de los bancos centrales, apoyando determinados bancos y compañías y en algunos casos nacionalizando instituciones.
En diciembre de 2007, el presidente de EE.UU. propuso medidas de apoyo a las víctimas de la crisis, en especial a los pendientes de desahucio, estimados en 1.7 millones de personas.
Los mercados de valores comienzan a tener importantes caídas a partir de enero de 2008 y el impacto de la crisis en la economía real se predice por parte del Banco Mundial.
Durante el año, mientras que los precios de la vivienda y las hipotecas continúan cayendo y un creciente número de bancos se colapsan, las iniciativas para contener la crisis se multiplican, incluyendo los paquetes de medidas de rescate nacionales para los sistemas bancarios y los recortes de los tipos de interés de los bancos centrales. A partir de agosto de 2008, un creciente número de personas perdieron sus empleos en los países occidentales.
De cara a una potencial catástrofe, y en medio de duras críticas por la intervención del estado para salvar compañías privadas y mercados, algunos países intervienen comprando activos contaminados, inyectando dinero a los bancos. Estas medidas son consideradas por algunos expertos como una oportunidad para repensar un sistema en el que las entidades privadas han tomado como rehenes a la población y las autoridades, dadas las consecuencias significativas de sus actuaciones.
La actual crisis representa una amenaza para la implementación del derecho a la vivienda si las pérdidas de los bancos se convierten en deuda pública a expensas de los programas estatales y la ayuda para vivienda y otras áreas sociales. Ello puede profundizar la actual crisis de vivienda y de las condiciones de vida.
Otro elemento a tener en cuenta es el impacto en los estados de los procesos de aceleración de la interdependencia global, interacción e integración. La crisis que inicialmente era vista como de los países desarrollados está afectando rápidamente a los países en vías de desarrollo. Afectará de forma diferente dependiendo de sus relaciones con el sistema financiero internacional; afectará menos en el África Subsahariana por su menor conexión con las instituciones financieras occidentales.
A pesar de eso tendrá efectos en los países en vías de desarrollo: disminución de las exportaciones, reducción de la ayuda al desarrollo, disminución de las remesas de los migrantes y reducción de la inversión extranjera directa. Además, en caso de una recesión global la crisis afectará a todos los países.
La Relatora Especial cree que la crisis y sus orígenes en el mercado inmobiliario reflejan los errores fundamentales en las políticas de viviendas, y revela la incapacidad de los mecanismos del mercado para proveer de vivienda adecuada para todos. Las causas que se encuentran bajo la crisis hipotecaria y financiera deben ser examinadas para calcular su impacto en el derecho a la vivienda adecuada.
MERCANTILIZACION DE LA VIVIENDA
La reducción del papel del estado en el suministro de vivienda, dejando en manos del mercado la provisión de la misma, ha facilitado la percepción de la vivienda como un bien más que puede ser comprado y vendido como cualquier otro objeto de consumo. Considerada una mercancía y un activo financiero, otras dimensiones del derecho a una vivienda adecuada han sido negadas, lo cual tiene consecuencias significativas para el disfrute de los derechos humanos para todos. Expertos apuntan a la globalización como acentuadora de la mercantilización de la vivienda; la escalada de los precios de la vivienda y los alquileres son la respuesta normal del mercado basado en la oferta y la demanda exclusivamente.
Cuando el crédito está disponible y el capital financiero busca oportunidades de inversión, la competencia por el suelo urbano y el valor de la tierra crece, entonces sólo los sectores de más altos ingresos pueden aspirar a comprar.
El aumento de los precios de la vivienda está influenciado por una variedad de factores: la especulación del suelo y la vivienda, la renovación urbana y la creación de las llamadas ciudades de clase mundial tienen un impacto directo en la accesibilidad. El resultado es la creación de áreas creadas específicamente para las capas adineradas, con todo el confort y los servicios que puedan desear. En el otro lado, los que no pueden acceder a esas áreas son empujados a suburbios de viviendas precarias, con escasos servicios o sin ellos y demasiado lejos de sus medios de vida. Los grupos vulnerables, en especial las mujeres, son los más afectados por la carencia de soluciones y los que sufren los efectos de las fuerzas centrífugas que los arrastran a las afueras de las ciudades, sin infraestructura ni servicios. Esta migración es el resultado de la falta de viviendas, servicios y otros bienes en condiciones asequibles, así como de la carencia de políticas adecuadas.
Como sector rentable, la vivienda y el suelo han sido objeto de especulación en todo el mundo, contribuyendo a la escalada de precios. La actual crisis empeora los problemas de accesibilidad a la tierra y a la vivienda a través del mundo. No sólo afecta a los pobres, cada vez más afecta a los sectores de rentas bajas y medias. La diferencia entre el aumento de los ingresos y el aumento de los precios de la vivienda y los alquileres es crucial en este contexto, conduciendo a las familias a un constante temor a perder sus hogares por no poder pagar los plazos de sus hipotecas y alquileres.
Evidentemente, en el contexto de la mala unión entre necesidad y disponibilidad, y la falta de accesibilidad, muchos no son capaces de competir por una vivienda adecuada por su situación económica. Además, la integración de los mercados de vivienda en los circuitos financieros generales significa que propietarios individuales tienen que competir con multinacionales por el capital y el crédito. Basar la posibilidad de acceso a la vivienda en una competencia en base a los ingresos es, desde parámetros de derechos humanos, una discriminación inaceptable.
La reducción del papel del estado en el suministro de vivienda, dejando en manos del mercado la provisión de la misma, ha facilitado la percepción de la vivienda como un bien más que puede ser comprado y vendido como cualquier otro objeto de consumo. Considerada una mercancía y un activo financiero, otras dimensiones del derecho a una vivienda adecuada han sido negadas, lo cual tiene consecuencias significativas para el disfrute de los derechos humanos para todos. Expertos apuntan a la globalización como acentuadora de la mercantilización de la vivienda; la escalada de los precios de la vivienda y los alquileres son la respuesta normal del mercado basado en la oferta y la demanda exclusivamente.
Cuando el crédito está disponible y el capital financiero busca oportunidades de inversión, la competencia por el suelo urbano y el valor de la tierra crece, entonces sólo los sectores de más altos ingresos pueden aspirar a comprar.
El aumento de los precios de la vivienda está influenciado por una variedad de factores: la especulación del suelo y la vivienda, la renovación urbana y la creación de las llamadas ciudades de clase mundial tienen un impacto directo en la accesibilidad. El resultado es la creación de áreas creadas específicamente para las capas adineradas, con todo el confort y los servicios que puedan desear. En el otro lado, los que no pueden acceder a esas áreas son empujados a suburbios de viviendas precarias, con escasos servicios o sin ellos y demasiado lejos de sus medios de vida. Los grupos vulnerables, en especial las mujeres, son los más afectados por la carencia de soluciones y los que sufren los efectos de las fuerzas centrífugas que los arrastran a las afueras de las ciudades, sin infraestructura ni servicios. Esta migración es el resultado de la falta de viviendas, servicios y otros bienes en condiciones asequibles, así como de la carencia de políticas adecuadas.
Como sector rentable, la vivienda y el suelo han sido objeto de especulación en todo el mundo, contribuyendo a la escalada de precios. La actual crisis empeora los problemas de accesibilidad a la tierra y a la vivienda a través del mundo. No sólo afecta a los pobres, cada vez más afecta a los sectores de rentas bajas y medias. La diferencia entre el aumento de los ingresos y el aumento de los precios de la vivienda y los alquileres es crucial en este contexto, conduciendo a las familias a un constante temor a perder sus hogares por no poder pagar los plazos de sus hipotecas y alquileres.
Evidentemente, en el contexto de la mala unión entre necesidad y disponibilidad, y la falta de accesibilidad, muchos no son capaces de competir por una vivienda adecuada por su situación económica. Además, la integración de los mercados de vivienda en los circuitos financieros generales significa que propietarios individuales tienen que competir con multinacionales por el capital y el crédito. Basar la posibilidad de acceso a la vivienda en una competencia en base a los ingresos es, desde parámetros de derechos humanos, una discriminación inaceptable.
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