CONSTRUIR VIVIENDAS PARA POBRES NO ES PRIORIDAD DEL DISTRITO: CONCEJO DE BOGOTÁ

El 52% de la población que devenga entre 1 y 3 salarios mínimos debe conformarse con una oferta del 6% en viviendas de interés prioritario.

Según el informe del ‘Concejo Cómo Vamos’ los proyectos de vivienda en Bogotá son insuficientes. Algunos concejales insisten en el poco interés que muestra la Administración Distrital para la construcción de viviendas de interés prioritario, casas que cuestan menos de 30 millones de pesos y las cuales son asequibles para la población de estratos y 0,1 y 2.En 2008 y en lo que va de este año se han construido 6.578 casas para la población más vulnerable, en comparación con las 17.463 de interés social, viviendas que alcanzan los 63 millones de pesos. El concejal Javier Palacio aseguró que “no se están entregando casas construidas, pero sí de papel a quienes piden subsidios en Bogotá”. Agregó que si bien constructores particulares han solicitado autorización para construir 70.187 viviendas de interés prioritario, Metrovivienda sólo ha solicitado la construcción de 16.999 unidades de este tipo.Por su parte, el cabildante Celio Nieves señaló que el problema de vivienda, a través de la ejecución de proyectos ya sean de interés prioritario y social, no se resolverá en la administración de Samuel Moreno. “Este gobierno fijará una base muy importante para que los próximos pongan a la ciudad al día en la materia, como ya se hizo en los temas de educación”.María Mercedes Maldonado, investigadora del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional, indica que sólo el 6% de la vivienda construida en Bogotá desde el año 2000 ha sido de interés prioritario.Para el Instituto de Estudios Urbanos (IEU) resulta extraño que los constructores argumenten que no es posible construir viviendas de interés prioritario por los altos precios del suelo y que cuando se propone aplicar los instrumentos legales previstos para controlar dichos precios, tanto el sector privado como el público, señalen que es inconveniente."Las previsiones del proyecto Plan de Ordenamiento Zonal (POZ) Norte excluyen a la población de más bajos recursos y más necesitada de vivienda, espacios públicos, calidad ambiental y refuerzan la segregación socioespacial" señala el IEU.Ante las denuncias de los concejales, la Secretaría de Hábitat ratificó su compromiso con la meta del plan de desarrollo que establece la construcción de 100.920 soluciones de vivienda. Para cumplir con este objetivo, la jefe de esta dependencia, Catalina Velasco, explicó que en su gestión se están implementando estrategias como “la agilización y simplificación de los trámites de urbanismo y construcción, y la gestión financiera para las familias”.Así mismo, ratificó que entre enero de 2008 y junio de 2009, se ha impulsado la construcción de 24.371 viviendas, tanto de interés social como prioritario, dato que según Velasco, corresponde con el censo de edificaciones que realiza el DANE.
extraido de la prensa burguesa: Redacción Bogotá/ElEspectador.com

ESCENARIOS, PROCESOS Y PRÁCTICAS DE COMUNICACIÓN EN ASOCIACIONES PARA LA VIVIENDA EN MEDELLÍN (parte 2)

Autoconstrucción

Una de las maneras de aumentar ese ingreso familiar, fue, así mismo, el aprovechamiento de las áreas de la vivienda en otros usos más lucrativos. La edificación de alcobas, la construcción de apartamentos, fueron posibilidad de complementar los ingresos y de aprovechar el incremento de la renta del suelo. Aunque la intención inicial de los que construían era heredar una vivienda a sus hijos, también, era una oportunidad de tener ingresos adicionales. Fue un proceso financiado y desarrollado de la misma manera en que se había levantado la casa: por autoconstrucción e invirtiendo parte del salario o las prestaciones sociales, a costa de una adecuada alimentación, recreación y atención médica.
Era una ampliación de la vivienda pero, al mismo tiempo, una reducción de la calidad espacial en beneficio de un ingreso adicional. Esta transformación en la vivienda trajo consigo la metamorfosis de algunas prácticas culturales. La cría de animales como gallinas, cerdos y el cultivo de plantas ornamentales y medicinales y de árboles frutales fueron, desplazados o desaparecieron ante la reducción del espacio.
A partir de esas modificaciones del espacio familiar, los pobladores vieron otras maneras de continuar con esas prácticas: plantas colgantes, envasadas en plástico y vasijas de aluminio, cultivo en el antejardín y la utilización de macetas. Las porquerizas fueron trasladadas a las azoteas. De acuerdo la medida de las transformaciones del espacio familiar se acentuaban o desaparecían esas prácticas hogareñas heredadas de la vivencia en pueblos y zonas rurales.
El aprovechamiento de espacios libres dentro y fuera de las viviendas fue más alto en las antiguas urbanizaciones "piratas" que en los barrios de invasión. En las urbanizaciones piratas, a pesar de inclumplirse los estatutos reglamentarios de ordenamiento del espacio y construcción, el loteo se basó en planos. En estas urbanizaciones fue mucho más fácil la construcción de infraestructura y la extensión de servicios públicos y la numeración de calles. En las invasiones, en cambio el poblamiento fue desigual, sin un orden prestablecido y la realización de estas obras se acomodó a la distribución del espacio que habían adoptado los pobladores.
La densificación de estos barrios implicó, asimismo, un desplazamiento de las actividades lúdicas y recreativas, realizadas antes en las mangas y a la orilla de las quebradas, lugares gradualmente edificados o invadidos por otros grupos que se asentaron allí.

Prácticas culturales
Los patrones culturales hegemónicos difundidos por medio de las mismas instituciones sociales en relación con la estructura de vivienda, su decoración, la composición del barrio, dan a entender los motivos por los cuales grandes grupos, en desventajas en la participación del producto social y cultural, se esfuerzan a toda costa en reproducir, a su manera y envueltos en esa misma situación desventajosa, los patrones culturales de habitar la ciudad. Es una resistencia a la exclusión, pero, a su vez, una particularización, una resistencia a lo masivo. No es una imitación ramplona de los modos de construir y vivir, decorar y mostrar la vivienda propios de otros grupo socio-culturales. Es, por el contrario, una re-semantización, un revestimiento de otros sentidos a objetos con funciones iguales.
El mercado, por una parte, fomenta la homogeneización en la construcción, decoración y usos de la vivienda. Pero acceder a esa homogeneización, a esa nivelación social, cuesta. Los pobladores de esos barrios, con una herencia de pautas culturales propias de modos de vida campesina, para entrar en la ciudad retoman, según sus posibilidades y capacidad adquisitiva, los modelos socialmente aceptados y culturalmente aprendidos de hacer un barrio y los llenan de significados que son una mezcla entre rural y lo urbano. En este sentido, lo cultural de esos procesos de poblamiento, es proceso de percibir la ciudad y acoplar sus patrones culturales a los urbanos. Es un tejido simbólico que atraviesa el comportamiento individual y colectivo de los pobladores en su desenvolvimiento cotidiano.

ESCENARIOS, PROCESOS Y PRÁCTICAS DE COMUNICACIÓN EN ASOCIACIONES PARA LA VIVIENDA EN MEDELLÍN ( parte 1)

INTRODUCCIÓN

La dotación de servicios públicos e infraestructura a los barrios periféricos de la ciudad repercutió en el costo y los modos de vida de sus pobladores.
El impacto social de ese aumento en la calidad de vida que se esperaba con el desarrollo de los programas de rehabilitación de barrios piratas y zonas subnormales fue también alto e incidió en la adecuación del espacio, apropiación y usos del entorno físico del barrio.
Aunque la inclusión de los denominados barrios subnormales en el programa de rehabilitación coordinado por los gobiernos municipales, legitimó esos asentamientos. Fué el final de un proceso que había comenzado con la construcción de las viviendas, la edificación de capillas, centros deportivos y educativos, aprobados por las instituciones gubernamentales y eclesiásticas de la ciudad.
Y así como fue la terminación de un proceso lento en busca de legitimación también fue el principio de modificaciones trascendentales de las relaciones familiares, en los hábitos de los pobladores y en las relaciones de vecindad.
En esos barrios, los pobladores habían construido sus viviendas en lotes desprovistos de servicios básicos, loteados al margen de las normas mínimas exigidas por los organismos oficiales de control y ordenamiento urbano.
Los habitantes de estos barrios, sin recursos para adquirir propiedad sobre el suelo urbano reglamentado y altamente valorizado, edificaron sus viviendas en terrenos vulnerables al riesgo. Emplearon en la construcción, mano de obra de familiares y vecinos, materiales comprados a plazos, con sus salarios y prestaciones sociales.
Fue un proceso al margen del mercado inmobiliario y de la reglamentación institucional.
El programa de rehabilitación de esas urbanizaciones completó entonces un proceso de legitimación social y cultural iniciado por sus pobladores desde el mismo momento en que comenzaron a proveer sus barrios de un equipamiento social
Consolidación
Con la construcción de capillas, erección de parroquias, edificación de escuelas, extensión de redes comunales de servicios públicos, los pobladores obtuvieron por una parte, la satisfacción de necesidades colectivas, y por otro lado, la seguridad individual de poco a poco estar haciendo un barrio con todo su equipamiento.
Era, en esencia, un ambiguo proceso de segregación-inclusión de esos barrios en la gran ciudad. Las mismas instituciones sociales que calificaban de ilegal esos asentamientos se venían, forzosamente obligados a aprobar las acciones de los pobladores que, mediante la adecuación de su entorno, se esmeraban en darle un carácter de barrio a su incipiente asentamiento.
En los barrios consolidados de la ciudad, muchos de ellos cobijados en el programa de rehabilitación de "barrios subnormales", el proceso de densificación que siguió a esa inclusión en la ciudad a través de la extensión de servicios públicos, apertura de vías y dotación de infraestructura, significó también un cambio en la vivencia, apropiación y uso del espacio del barrio.
En la vida cotidiana estas consecuencias de políticas de planeación urbana, afectaron, en cada familia, sus relaciones. Estas salidas al incremento del costo de vida, conllevó después grandes repercusiones en la estructura de las familias, abocadas a una ruptura sorpresiva de sus habituales comportamientos. Fue muy difícil continuar con los patrones aprendidos culturalmente de habitar y vivir el barrio y la ciudad. Era una situación que dificultaba la educación: las madres también tuvieron que abandonar sus hogares para buscar fuentes de ingresos. En la comunicación: los miembros de la familia poco se veían ya debido a sus múltiples ocupaciones, en tiempos y ritmos distintos. Las prácticas religiosas y sociales: Las ocasiones de reunión familiar fueron, a partir de ese momento, todavía más eventuales.

AGRO INGRESO SEGURO PARA LOS OLIGARCAS

Por Alfonso Hernández

La revista Cambio destapó la olla más apestosa del gobierno de Uribe, hasta ahora. Se trata de la desvergonzada entrega de cuantiosos subsidios a grandes terratenientes amigos de la pandilla gobernante, que utilizó los dineros del programa Agro Ingreso Seguro para cometer la iniquidad. El semanario señala que, en total, la familia Dávila, una de las más ricas e influyentes de Santa Marta, recibió en el último año más de 2.200 millones de pesos para "riego y drenaje", en Algarrobo, Magdalena. Los Vives Lacouture, algunos de cuyos miembros han desempeñado cargos públicos y de elección popular, han obtenido subsidios por más de 5.000. De esta familia hay que mencionar a Luis Eduardo, elegido congresista para el periodo 2006-2010, condenado en 2008 en el proceso de la parapolítica, y quien goza hoy de una espléndida libertad condicional, gracias en gran parte a la largueza del régimen, que procura retribuir y proteger por todos los medios a los parlamentarios que fueron socios de las agrupaciones armadas de derecha. Los Lacouture Dangond y Lacouture Pinedo apañaron 5.235 millones, 2,829 millones, en 2007 y 2.406 millones, en 2008. Entre ellos figura la funcionaria María Claudia Lacouture, quien preside el programa Colombia es Pasión. En cabeza de los Vives Pinedo, socios de los Lacouture en empresas como FMP & compañía, figuran sumas por cerca de 1.000 millones, en el año 2007. Los Dávila Abondano, dueños del grupo Daabon, comercializador de productos orgánicos y quienes registran ingresos de 120 millones de dólares al año en Colombia, recibieron 463 millones, en 2008 y 440 millones que le serán desembolsados en los próximos días. La irrigación monetaria abarcó también a los potentados del Valle del Cauca, María Mercedes Sardi de Holguín, prima del ex ministro del Interior Carlos Holguín Sardi, fue obsequiada con 200 millones, y, en Santander al abogado Danny Alirio Villamizar, hijo del senador Alirio Villamizar-autor de la iniciativa que dio vida jurídica a tales subsidios, y actualmente detenido por el escándalo de las notarías-Agro Ingreso Seguro le regaló 496 millones el año pasado.

Como es bien sabido, estos dineros no son reembolsables y están libres de impuestos. En todo caso, no exentos de compromisos; se trata de dar para recibir. Daniel Coronell demostró cómo, por ejemplo, Alberto Francisco Dávila Díaz Granados le aportó dos millones quinientos mil pesos a la campaña presidencial. Alfredo Lacouture Dangond le contribuyó con cinco millones, y varias empresas de las cuales el mismo Alfredo Lacouture es representante legal le proporcionaron sumas de cerca de quinientos millones cada una. El ministro Andrés Fernández miente cuando afirma que ninguno de los que captaron los subsidios han hecho aportes a las campañas ni a la recolección de firmas del referendo. La propia contabilidad presentada al Consejo Electoral prueba lo contrario. Los poderosos sufragan las torcidas empresas electorales del chapucero politólogo del Estado de opinión y, a cambio, acaparan los frutos del Ubérrimo, que, tratándose del reparto de dádivas y coimas, no es la hacienda de Córdoba, sino la Hacienda pública.

El mismo ministro Fernández confesó que la piñata no termina con las gabelas a las familias mencionadas, ya que también otros altos funcionarios han recibido créditos blandos, cuya deuda les será condonada hasta en un 20%. Nombró, entre otros, al presidente del Fondo Nacional del Ahorro, Hernando Carvalho y al director de la DIAN, Néstor Díaz, quienes usufructuaron el llamado incentivo de capitalización rural, para sembrar palma africana. Así que hay una gran variedad de programas para premiar, en diverso grado, a la camarilla palaciega y a sus secuaces, pilares del continuismo de la Seguridad Democrática.

Nada de esto es nuevo; se trata de la continuación de la compra de votos con los programas como Familias en Acción, el pago con cargos notariales a las reformas de la Constitución, y el "gustico" no aplazado de enriquecer a los hijos del Ejecutivo mediante las disposiciones paternales de la Casa de Nariño.

Lo más diciente, lo verdaderamente aleccionador, se encuentra en las respuestas que han dado, tanto el mandatario como el ex ministro Arias y el jefe de la cartera agropecuaria, a la indignación manifestada por el público. Uribe, en la celebración del día del ganadero, afirmó que "aquello de que no se puede apoyar a los grandes (agricultores) es mantenerse en el discurso de los 70". ¿A cuál discurso se refiere? Si es al de los regímenes, el gobernante les hace un elogio inmerecido, puesto que ya en aquel entonces el desfalco para engordar las fortunas de familiares y copartidarios era cosa común, y la perorata de que tales latrocinios se hacen en beneficio de los más pobres también tiene un sitial en la historia de la infamia. A Álvaro Uribe, quien adelantó su primera campaña con las banderas de la anticorrupción y el anticlientelismo, no le cabe el dudoso honor de haber inventado el robo al Tesoro público para enriquecer a los ricos; lo que no se le puede negar es que lo ha llevado a extremos nunca vistos y lo ha defendido con una vehemencia digna de mejor causa. Él y sus pupilos Arias —el mismo que defendió la entrega de Carimagua a los latifundistas— y Fernández han sostenido que todo ha sido legal y transparente. De la legalidad quizás no haya dudas: la legislación en nuestro Estado Social de Derecho se redacta para favorecer los intereses de los monopolios extranjeros, de los terratenientes, de los financistas, de la cúpula del Estado. Yolanda Reyes, en su columna titulada El cuento del "gana-gana", muestra cómo las peticiones de las gentes sencillas naufragan en una tramitología cuidadosamente diseñada. A los campesinos se les despacha con exigencias de estudios de hidrología, meteorología, suelos y tasa interna de retorno, amén de otros muchos. Como sucedió con los de la región de Villa de Leyva, quienes pensaron que podrían obtener algunos recursos para irrigar sus tierras semidesérticas, y enfrentaron un olímpico rechazo. Está probado que el mencionado subsidio no tiene por objeto estimular la producción agraria, ni reducir la desigualdad, ni dar empleo; nada de esto ha ocurrido: las desigualdades se convierten en abismos, el desempleo prolifera, la miseria agobia. La verdad es que cada artículo e inciso llevan, entre líneas, los nombres propios de los beneficiarios. De estos, dijo el ministro Fernández, que son familias honorables; desde luego que lo son: se apoderan de sumas enormes, pues quien se roba un pan, es tildado de criminal y terrorista.

Mientras el señor Uribe alardea de haber superado los discursos igualitarios setenteros y de ser un postmoderno que no se avergüenza de cobrar impuestos a los pobres para transferírselos a los potentados, los hospitales languidecen-incluso los 22 de Bogotá están en estado crítico y solo tienen suministros para funcionar hasta noviembre, pues requieren con urgencia 76 mil millones de pesos, menos de lo que han acaparado los grandes terratenientes. La gente sucumbe en el paseo de la muerte a las puertas de las entidades de salud. Las universidades públicas, a las que se ha obligado a vender servicios e incrementar las matrículas, requieren de manera inmediata cerca de quinientos mil millones de pesos, que el Estado les mezquina. Más de 3 millones y medio de desplazados llevan una vida miserable, y el gobierno no es capaz ni quiere restituirles sus tierras, hoy anexadas a grandes latifundios. El doce por ciento de los colombianos sufre malnutrición; y el desempleo azota a un porcentaje igual de compatriotas, el peor guarismo de América Latina.

Nada de esto preocupa a los gobernantes o a los ricachos, quienes son enemigos declarados de los subsidios a los pobres. Ayudar a los desplazados, según dijo Uribe el 20 de julio, es fomentar el desplazamiento. Cualquier peso otorgado a quien necesita lo consideran un estímulo a la holgazanería, pero donado a los que todo lo tienen, un premio al esfuerzo y al sacrificio. Financiar las entidades estatales o la salud pública es tolerar la ineficiencia y la falta de competitividad. Incrementar los salarios constituye un ataque a la prosperidad nacional y a la libre empresa o un desmedro del presupuesto nacional. Esta lógica depravada se ha consagrado en las leyes, como dicen y repiten los abogados de la rapiña. Cierto: se trata de la ley implacable del gran capital, hecha para despojar y oprimir a millones de seres. Es la misma que imponen Obama y los banqueros en los Estados Unidos, mediante la cual se regalan sumas astronómicas de dólares a los grandes financistas, en tanto que se lanza al desempleo y se priva del techo a millones de familias. ¡Todo sacrificio impuesto al pueblo trabajador se convierte en un nuevo obsequio a la oligarquía corrupta!

Uribe y sus pupilos no se hacen la pregunta de "y el poder para qué", saben muy bien que es la mejor herramienta para el enriquecimiento rápido mediante la explotación de la sociedad entera. El éxito de la Seguridad Democrática ha sido incuestionable: los monopolios petroleros en manos de las compañías gringas, los grandes bancos, los grupos monopolistas y los dueños de los latifundios tienen razones de peso para perpetuarla, en cabeza de Uribe o de alguno de sus conmilitones.

Por eso, hay que desechar las tácticas vergonzosas de ceder los derechos y garantías so pretexto de salvar las entidades públicas y las empresas o la economía nacional y los empleos. Con ellas sólo se ha logrado envilecer la vida de las masas y doblegarlas, entregarlas indefensas a la voracidad de los agiotistas.

La casta dominante se escuda en sus códigos para justificar las fechorías; las masas tienen que acudir a otra ley: la de la historia que enseña a batallar para sacudirse de la depredación de sus enemigos.

No hay salida distinta, cada atropello a las mayorías, toda lesión a los intereses populares debe enfrentar la protesta altiva, la huelga y el paro cívico: única actitud digna y patriótica.

articulo extraido de http://notasobreras.net

CONTINÚA LA REPRESION POLICIAL EN LOS DESALOJOS

Hace unos meses el ex ministro de medio ambiente vivienda y desarrollo territorial Juan lozano, afirmaba categóricamente que los desalojos con fuerza policial no iban a suceder más en Colombia, pero esto solo fueron palabras, apenas unos días después de esta declaración pública se hizo uso de una fuerza policial para desalojar una familia en el barrio contiguo a la escuela General Santander, pese a que en la casa solo habían 3 hombres y 3 mujeres resistiendo, se empleo una tanqueta y unos 100 policías que actuaron con brutalidad.

En la actual administración del Ministro Carlos Costa el ministerio sigue dando venia para que los bancos con uso de la policía sigan expropiando a humildes familias trabajadoras de sus viviendas, como ocurrió hace dos semanas en suba donde la señora alba junto a sus dos hijos fueron desalojados de su casa por hombres del ESMAD afortunadamente la solidaridad de la comunidad se manifestó y se logro mediante la acción directa la recuperación del apartamento.

Con estos hechos queda evidenciado que la policía nos es mas una de las formas represivas del sistema capitalista, que su demagógico servicio a la comunidad no es más que una farsa, y en esta lucha por la vivienda los trabajadores solo nos queda la solidaridad de clase para contrarestar la violencia del estado y el capital.

Desalojos son disturbios
Viva la lucha por la vivienda digna