El siguiente artículo es una versión más desarrollada de otro escrito antes del triunfo electoral de Santos en segunda vuelta y publicado por el periódico ibérico Diagonal (No.128, 19 de Junio, 2010). El artículo previo puede ser consultado en
http://diagonalperiodico.net/Elecciones-en-Colombia-Lim....html
Elecciones en Colombia: crisis de legitimidad y limpieza de cara del Estado paramilitar
“La experiencia histórica de Colombia rectifica la generalizada creencia de que el absolutismo político sólo existe en aquellos países donde se han instalado cínicamente gobiernos de fuerza y no puede funcionar en un sistema de legalidad. En realidad, el absolutismo político nunca ha aparecido en la historia como una carencia absoluta de legalidad, sino como un sistema que es capaz de crear, a su arbitrio, su propia y acomodaticia legalidad”
(Antonio García, en “América Latina, Historia de Medio Siglo", Ed. Siglo XXI,1977, p.224)
Triunfo electoral de Santos ¿victoria aplastante o crisis de legitmidad?Las recientes elecciones en Colombia que han dado el triunfo a Juan Manuel Santos, candidato oficialista del uribismo, reflejan la naturaleza contradictoria del proceso político que actualmente se vive en ese país. Mientras los sectores del bloque en el poder y sus corifeos en la prensa internacional hacen una lectura unívoca del 69% obtenido por Santos como una validación indiscutible del programa de gobierno ultraderechista del uribismo, se cuidan de no mencionar la bajísima participación electoral, que rondó apenas el 44% de la masa electoral –la más baja de todo el continente. Aún cuando la ratificación dada a Santos por parte de 9.000.000 de colombianos sea preocupantemente alta (sobretodo si se considera el prontuario de acciones terroristas, corruptas, cleptocráticas que caracterizan al actual modelo político, económico y militar colombiano, más la pesada mochila que carga Santos personalmente por crímenes de guerra conocidos como "falsos positivos"), la indiferencia a la “política” electoral por parte de vastos sectores del pueblo colombiano, reflejan que el mandato que recibe Santos, lejos de ser sólido, es un mandato frágil que evidencia la crisis de legitimidad del sistema. Aunque se excuse el abstencionismo con el fútbol, con la lluvia, etc. lo real es que las elecciones siguen siendo ajenas a una buena porción del país que sabe que nada cambia con ellas, que son un circo, que sabe que el poder tiene canales mucho más “directos” para ejercer su voluntad que los canales “democráticos”, que desaprueba la corrupción y el clientelismo. La victoria de Santos, aunque sea indiscutible, está lejos de ser tan contundente como nos quieren hacer creer.
Por otra parte, estas elecciones también se han mostrado en la prensa internacional como un ejemplar ejercicio democrático (buscando ciertos medios contrastar la “democracia” en Colombia con los regímenes “autoritarios”, es decir, con aquellos en los cuales los resultados electorales no son los por ellos deseados). Pero para quienes tenemos el mal hábito de rasgar la fachada “democrática” colombiana más allá de los meros formalismos para tratar de entender el proceso político que ha llevado al proyecto político que representa Santos al poder, las cosas no son tan color de rosa como la pintan los medios rapsodistas del régimen. Precisamente el “ejercicio democrático” formal en Colombia es una fachada para ocultar las profundas tendencias fascistizantes y autoritarias propias de ese modelo particular de capitalismo dependiente que se ha consolidado mediante seis décadas de violencia política y en el cual guerra y acumulación de Capital han llegado a ser dos conceptos que van de la mano de manera perfectamente complementaria.
La Guerra Sucia tras los formalismos democráticos
Mientras la derecha colombiana, para consolidar su poder, ha combinado históricamente de manera muy hábil la Guerra Sucia (control paramilitar, persecución política), el clientelismo (programas como Familias en Acción garantizan por lo menos 4 millones de votos para el régimen) y la corrupción (hay pueblos donde votan más muertos que vivos), la izquierda ha pasado en poco más de dos décadas de manejar el discurso sobre la “combinación de las formas de lucha”, a excluir en su discurso cualquier forma de lucha que no sea el parlamentarismo, intentando a toda costa desmarcarse de cualquier forma de agitación que les haga perder “respetabilidad” a los ojos de la “opinión pública”. Y esto en vano, pues los señalamientos del establecimiento sobre sus supuestos vínculos con la insurgencia siguen siendo el pan de cada día en la política colombiana, aún cuando la llamada “farcpolítica” (vínculos de políticos de oposición con los insurgentes) no ha entregado ningún resultado tangible. Por el contrario, la “parapolítica” (vínculos de políticos con los paramilitares de ultraderecha) ha untado a por lo menos 65 parlamentarios de los partidos oficialistas y a innumerables caciques locales, todos partidarios del presidente Uribe. ¡Sin embargo, es el opositor Polo Democrático Alternativo, no los uribistas, quienes deben defenderse todo el tiempo sobre sus vínculos con “grupos irregulares” (insurgentes)!
Pero pese a que la izquierda electorera convierta el juego parlamentario y la Constitución de 1991 en un fetiche, las elecciones en Colombia no son elecciones normales. Nunca lo han sido. Recordemos que la ola de violencia que ha consumido al país desde 1948 se desató y expandió como un reguero de pólvora por todo el territorio nacional, precisamente después del asesinato del candidato liberal y caudillo popular Jorge Eliécer Gaitán. Pero sin necesidad de hacer demasiados ejercicios de memoria, basta ver la historia reciente del país para darse cuenta de que la “derechización” del espectro político colombiano se debe en gran medida a la eliminación física de la izquierda. Desde mediados de los ’80, en medio de los procesos de paz auspiciados por el gobierno de Betancur -los cuales fueron desde un primer momento saboteados por sectores militares y las élites criollas aliadas estructuralmente a los EEUU-, comenzó una campaña sistemática de exterminio de partidos completos de izquierda, como la Unión Patriótica, de cuyas filas eliminaron al menos 5.000 militantes, desde líderes y candidatos a la base misma del partido. Aún hoy se persigue a los escasos sobrevivientes de este partido como lo recordaron los asesinatos de Guillermo Rivera y Luis Mayusa el 2008. Pero este no fue un caso aislado: semejante represión ha sido vivida por otros partidos y movimientos de esa época, tales como A Luchar y el Frente Popular. Aún cuando otros movimientos de izquierda no han sido aniquilados con semejante celo, absolutamente todos han sido debilitados por la represión, el hostigamiento y la campaña sistemática de propaganda negra del régimen.
Si a esto se suma la campaña de muerte del paramilitarismo dirigida en contra de los movimientos populares, intensificada desde comienzos de los ’80, durante el gobierno de Turbay Ayala, mentor de Uribe, la cual ha dejado decenas, sino centenares de miles de muertos, podemos entender por qué el juego electoral en Colombia está perdido de antemano para la izquierda. El paramilitarismo, particularmente desde que las estructuras regionales se unificaron en una estructura nacional, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en 1996, ha destrozado mediante miles de masacres todo el tejido social que sustentaba los proyectos políticos progresistas.
La guerra ideológica del régimenPero el régimen no se ha quedado en la eliminación física de los opositores. Este trabajo ha ido de la mano de un proceso de lucha ideológica extremadamente aguda para la cual se ha utilizado todo el aparato del Estado, como lo demuestra la DASpolítica, y que ha contado con el apoyo de ex izquierdistas arrepentidos que han hecho carne el refrán popular de que si no se puede vencer al enemigo toca unirse a él (Carlos Franco, José Obdulio Gaviria, Alfredo Rangel y Angelino Garzón, entre otros). Mediante este proceso se ha buscado internalizar una ideología ultraderechista, de cuño fascista, que ve en la izquierda la existencia de todos los males de Colombia, que ve enemigos y terroristas en cualquier expresión de disenso, que practica una auténtica estadolatría e indoctrina en el culto servil a la autoridad, que con un manto de un patriotismo desenfrenado busca tender un velo tanto sobre las profundas contradicciones de clase de la sociedad colombiana, así como sobre el desvergonzado entreguismo al imperialismo de la oligarquía colombiana. Un aspecto fundamental de esta ideología, lo constituye el aspecto contrainsurgente, que busca desnaturalizar el conflicto social y armado que vive Colombia, negar sus orígenes, mezclar los actores que de él hacen parte, limitarlo a un problema de monopolio de la fuerza o de mera presencia del Estado (como si el Estado fuera un actor neutral en la historia de violencia política colombiana), llegándose incluso a negar que exista un conflicto en Colombia. Se repiten hasta el cansancio lugares comunes como que el conflicto es meramente un problema de mafias, que no tiene nada que ver con “ideologías”, que es un asunto de narcoterrorismo, etc.
Este asunto es fundamental, porque el conflicto es precisamente un mecanismo mediante el cual la oligarquía y el bloque en el poder han acumulado riquezas, mediante el desplazamiento forzado y la consecuente concentración de tierras y recursos (el paramilitarismo robó más de seis millones de hectáreas a campesinos pobres en las últimas dos décadas, y más recientemente, la violencia se ha convertido en una manera de quebrar la resistencia de comunidades a megaproyectos, frecuentemente impulsados por empresas transnacionales). La desnaturalización del conflicto, por tanto, cumple el rol de enmascarar el mecanismo fundamentalmente violento y mafioso de enriquecimiento de los grandes capitalistas colombianos y de neutralizar los proyectos de izquierda que pudieran hacer frente a este modelo.
Lo más grave es que varios de estos elementos ideológicos esgrimidos por el régimen han traspasado las barreras partidistas y se han enquistado en el sentido común de una mayoría de los ciudadanos (particularmente en los cuatro grandes centros urbanos del país), y de los “políticos” de todos los colores. Se ha hecho frecuente escuchar de boca de muchos dirigentes populares y de izquierda términos como “actores armados”, “violentos”, “grupos irregulares” como si todos los sectores que participan del conflicto armado fueran equivalentes o incluso idénticos. Esto para no mencionar la renuncia absoluta que algunos de estos sectores políticos han hecho de la necesidad de subvertir el orden actual, injusto y basado en la violencia de clase, limitándose un importante sector de la izquierda a vagos discursos sobre derechos humanos, defensa de la Constitución, de la legalidad (burguesa), etc. Es decir, de defensa del orden burgués en un contexto en que ni siquiera la misma burguesía toma en serio su propia legalidad. Lo fundamental, es excluir la necesidad de cambios radicales en la estructura social colombiana, y eso es un discurso muy internalizado en amplios sectores de la propia izquierda.
Con un acoso constante de los medios, de los servicios de inteligencia del Estado (DAS), de los personeros de gobierno, del propio jefe de Estado, de sus asesores y de un sinnúmero de “ideólogos” que vociferan desde la academia, los medios y diversos foros, la izquierda vio su espacio político aún dentro del juego democrático reducirse. Desde el primer momento en las elecciones se ha ido eliminando la izquierda de las opciones políticas: mediante la consulta abierta, el Polo Democrático Alternativo terminó con Gustavo Petro como candidato presidencial, un díscolo que en más de una ocasión ha demostrado tener más afinidad con ciertos aspectos ideológicos del actual régimen que con muchos de los correligionarios de su partido, en vez de Carlos Gaviria, un liberal de izquierda decente y bastante incómodo para el actual régimen. Digan lo que digan, los votos de la consulta ciudadana para Petro no salieron del Polo, ya que a la interna, él había perdido de manera contundente. Luego, entrando ya a la campaña electoral propiamente dicha, los medios inflaron hábilmente a un candidato improbable como Antanas Mockus, el cual creyó él mismo ser el nuevo fenómeno político del momento. Las encuestas que revelaban empate técnico entre Mockus y Santos, lo que buscaron fue jalarle votos al Polo por una opción más “respetable”, por el “uribismo sin Uribe”, que la única crítica que balbuceaba en contra del régimen era una crítica ética de carácter completamente demagógica. Esas encuestas no reflejaban la opinión pública sino que la manipulaban, y lograron su objetivo que era lograr una segunda vuelta segura, con dos candidatos adeptos al régimen.
El “país nacional” frente a frente con el “país político”Así las cosas, hemos visto que las elecciones colombianas no son normales. ¿Qué esperaba la izquierda con ellas? Es difícil entenderlo. En perspectiva histórica, no hay condiciones para elecciones limpias en Colombia, como ya lo hemos dicho. Permítasenos recordar en este punto que durante las elecciones donde el electorado se inclinó más hacia la izquierda (en 1989) sin ningún pudor se eliminó durante la campaña a tres candidatos de izquierda: Bernardo Jaramillo, Luis Carlos Galán y Camilo Pizarro. Otro candidato, de la UP, Pardo Leal, había ya sido eliminado en 1987. Hoy en día (2010) se sigue eliminando a activistas políticos de la coalición de izquierda durante la campaña electoral –incluido el dirigente del Polo en Barranquilla, Iván de la Rosa. Pero no fue sólo él, ya que en Mayo también se asesinó a otras personas de procesos políticos vinculados a la izquierda: Nilson Ramírez (Meta), Albeiro Valdés (Urabá), Leslien Torcoroma (Norte de Santander), Rogelio Martínez (Sucre), Alexander Quintero (Cauca).
El llamado del Polo a abstenerse en la segunda vuelta, el 20 de Junio, fue un gesto demasiado tardío y por lo demás insuficiente. Al participar en la primera vuelta, en elecciones donde no hubo ninguna garantía, ninguna posibilidad de triunfo, y lo que es peor, elecciones que ocurren al final de un largo camino de “limpieza política” vía terrorismo de Estado, la izquierda, aunque así sea inconcientemente, no hace otra cosa sino que validar un régimen terrorista, paramilitar y corrupto personificado por su Majestad Uribe y su Delfín Juan Manuel Santos.
Con la victoria del 20 de Junio de Santos, candidato representante de lo más rancio de la oligarquía colombiana y heredero de un linaje de estadistas, es de esperar que la izquierda colombiana reflexione en torno a los mecanismos para derrotar al terrorismo de Estado, el cual se consolida a pasos agigantados y llega a formular un proyecto de “Unidad Nacional” en el cual lo que se busca es proseguir la tarea de eliminación de la oposición, pero esta vez vía “consenso”. El consenso que se busca gestar desde el bloque uribista-santista no es otra cosa que el consenso de todos los sectores de la clase dominante y de las tiendas políticas en torno al proyecto paramilitar de “refundación nacional” que se formalizó el 2002 con pactos como el de Ralito, entre el paramilitarismo y los políticos del régimen. La postura de Mockus, por ejemplo, de negarse a ser oposición y adoptar una actitud que él define cómodamente como “independiente y deliberativa”, en la cual apoya esto que le gusta y no apoya eso que no le gusta del gobierno de Santos, demuestra su falta de proyecto político, o para ser más exactos, la adhesión al proyecto político del paramilitarismo-uribismo, al cual sencillamente cuestionará de cuando en vez en aspectos cosméticos, pero jamás de fondo. Aún dentro del mismo Polo hay sectores que estarían dispuestos a entrar en esta gran cama con la oligarquía mafiosa como lo demuestran las cartas de Petro enviadas a Santos llamándolo a una “concertación nacional”.
Esta “unidad nacional” en torno al modelo actual no es, como algunos lo quieren ver, una nueva encarnación del Frente Nacional. Es algo mucho más complicado, es un unipartidismo amorfo, en donde lo que unifica es el proyecto político de carácter ultraderechista, autoritario, neoliberal, impulsado por el imperialismo norteamericano, el cual se fundamenta en la exclusión violenta de alternativas políticas y en la utilización de la violencia militar y paramilitar como un mecanismo normal de enriquecimiento. La fascistización avanza, se consolidan los tentáculos paraestatales de control social, se profundiza la penetración imperialista en Colombia y se avanza en la supresión de la independencia de los poderes del Estado bajo la égida del Ejecutivo, como demuestra la propuesta de Santos de trasladar la Fiscalía al poder ejecutivo.
Nunca antes en la historia colombiana había sido tan grande el abismo entre el “país político” y el “país nacional”, como decía Jorge Eliécer Gaitán. Santos ha logrado reunir a lo más corrupto de todo el espectro político bajo su proyecto político, gobernará con mayoría absoluta en el Senado, sin ninguna clase de oposición. El blindaje del sistema a la oposición política en el aparato del Estado es absoluto.
La pelota, por tanto, pasa una vez más a la cancha de la lucha de masas, donde ya se están gestando interesantes procesos de unidad y movilización. El sistema declarará una guerra sin cuartel en contra de los intereses más sentidos de la clase trabajadora, en contra de los sistemas de educación y salud públicas, en contra de los pocos campesinos que quedan, en contra de las comunidades que viven en regiones de intereses del Capital extractivo; a esta agresión no quedará sino responderle mediante la resistencia popular. Bajo la superficie aparentemente plácida de las aguas uribista-santistas se agitan corrientes turbulentas, hay mil resistencias diarias que deben ser coordinadas, proyectadas estratégicamente, convertidas en un auténtico programa popular que nazca del seno mismo del pueblo organizado. Ojalá que estas mil luchas no sean, una vez más canalizadas con fines electoreros, esta vez con vista a las elecciones locales del 2011 –esta lógica, contrariamente a los deseos de muchos de quienes la promueven, no hace más que legitimar a un régimen blindado en contra de cualquier forma de democracia y donde el ejercicio del voto soberano no es más que la última ilusión que venden los “gitanos de Macondo” a los desprevenidos.
José Antonio Gutiérrez D.
24 de Junio, 2010
