jueves, 30 de julio de 2009

VIVIENDA DE INTERES SOCIAL: MUCHO DE NEGOCIO, POCO DE DERECHO


INTRODUCCIÓN
“Todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna. El Estado fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución de estos programas”.[1]

Siempre que es necesario reflexionar sobre si avanzamos o no en la satisfacción de las necesidades habitacionales de los colombianos pobres, es necesario repasar la fuente constitucional que consagra el derecho a la vivienda, para evaluar si como estado y sociedad hemos desarrollado o no el mandato constitucional con sus elementos centrales y condiciones explicitas, tal como se aprecia en lo resaltados que hacemos en el texto anterior.

Nos preguntamos ¿que significa que el estado, fije condiciones para hacer efectivo este derecho?[2], ¿Qué significa que el estado promueva planes de vivienda de interés social?[3], ¿Qué significa que el estado promueva sistemas adecuados de financiación a largo plazo?[4], ¿Ha promovido el estado las formas asociativas de ejecución de los programas de vivienda de interés social?[5]

Nuestra opinión es que continuamos, como estado y sociedad, sin discutir seriamente como se desarrolla el Art. 51 de la Constitución y como consecuencia, los problemas habitacionales de la población de menores ingresos han ido creciendo tanto en cantidad como en calidad.

En la década de los 90 se adoptó por el gobierno la formula de “sacar” a las instituciones del estado de la ejecución de varias funciones en materia de vivienda y limitarse a “facilitar” la adquisición de “soluciones habitacionales” a través del subsidio a la demanda, bajo el supuesto que la oferta de soluciones seria proveída por el “mercado”. Supuesto errado a juzgar por los resultados al día de hoy, ya que el mercado solo oferta una fracción de la demanda en el subconjunto de las necesidades en vivienda nueva.

Además, nunca se desarrolló de forma seria el mandato legal de establecer condiciones mínimas de calidad ni una definición consistente, sobre: ¿qué es vivienda de interés social? De ahí que aun hoy seguimos definiéndola en términos de un precio máximo (135 smlm) con lo cual se han escondido y aplazado las deliberaciones necesarias sobre los atributos de la vivienda y su condiciones de calidad.

Algunas entidades de la academia y de la sociedad civil consideramos que es necesario abrir un espacio de deliberación para desarrollar el concepto derecho a la vivienda integralmente y en particular las condiciones específicas que establece el Art. 51, lo cual permitiría avanzar en la configuración de estrategias más audaces y eficientes.

Así como es indispensable estimular un efecto macro-económico cuando se diseñan políticas de vivienda, algunos consideramos que es igualmente deseable y necesario un estímulo adecuado para obtener efectos macro-sociales. El estímulo aislado a la industria de la construcción con sus formas privadas de producción, no es suficiente ni para llegar a los sectores sociales más excluidos en materia de necesidades habitacionales diversas, ni para producir efectos sociales sostenibles.

De ahí que resulte indispensable una estrategia equitativa que se complemente y retro-alimente para lo cual, el reconocimiento y desarrollo de conceptos como “producción social” pueden ser pertinentes y complementarios con las formas convencionales de producción privada.

El gráfico que presentamos a continuación tomado del trabajo de Enrique Ortiz de la Coalición Internacional Hábitat pretende ilustrar como la vivienda sólo debe considerarse como factor de desarrollo económico en el ámbito “macro” y de bienestar social en el ámbito “micro” (relación señalada con la flecha oscura), sino que además tiene efectos importantes “macro-sociales” como generación de ciudadanía y pedagogía y efectos “micro-económicos” en los ámbitos de la economía popular (inter-relaciones señaladas por la flechas punteadas), que se retroalimentan de forma positiva e integral.


1. Situación Actual

La política de vivienda de interés social del país continua siendo asumida como una pieza más, dentro de la política económica, lo cual es sin duda pertinente en términos macro-económicos, pero insuficiente como política pública para atender la realidad social y la magnitud del problema habitacional, en particular si el postulado constitucional señala que la vivienda digna es un derecho de todos los colombianos.

Los resultados del cuatrienio pasado así lo demuestran de conformidad con el cuadro anterior resumen del Departamento Nacional de Planeación. La primera gráfica de este cuadro (a la izquierda) se aprecia, que el PIB[6] (total edificaciones y construcción) creció durante el período 2002-2006 de manera significativa con respecto al periodo 1998-2002 y que dicho crecimiento se realizó a tasas muy por encima del crecimiento promedio de la economía del país. En la gráfica de la derecha, del mismo cuadro, se aprecia que la construcción de Vivienda de Interés Social VIS y Vivienda de Interés Prioritario VIP, también tuvieron un crecimiento significativo en el periodo 2002-2006 con respecto al periodo 1998-2002, pero aunque aceptemos esta evidencia estadística, insistimos que es insuficiente con respecto a la realidad de la necesidades habitacionales insatisfechas como veremos más adelante.

Sin embargo, estos resultados y este síntoma positivo (para la economía) no significan necesariamente una igual tendencia o una señal positiva para los millones de colombianos pobres que aun continúan con necesidades y problemas habitacionales, de conformidad con los análisis que realiza el Centro Nacional de Estudios de la Construcción (CENAC) y que se resumen en el siguiente cuadro:

Requerimiento
Magnitud
Déficit acumulado (Número de hogares)
Cuantitativo
1.834.613
Cualitativo
2.054.639
Total
3.889.252
Déficit de entorno en 10 ciudades (Porcentaje de hogares de estratos 1, 2 y 3)
99,3%
Otros problemas de entorno (Porcentaje de hogares)
Contaminación ambiental
52,1%
Calles destapadas o en mal estado
39,7%
Carencia de alumbrado público
39,7%
Insuficiencia o escasez de transporte público
35,2%
Problemas en el suministro y prestación de servicios públicos
Recolección de basura
18,4%
Acueducto
13,6%
Energía eléctrica
9,9%
Teléfono
9,7%
Alcantarillado
7,3%
Gas por tubería
3,5%
Déficit por vulnerabilidad sísmica
Viviendas
6.3 millones
Hogares
7.6 millones
Formación anual de nuevos hogares
Total hogares
170 mil
Hogares con menos de 4 SMML
100 mil
Demanda anual de Vivienda de Interés Social (Número de viviendas)
100 mil
Habitabilidad (Porcentaje de hogares)
Ruidos exteriores a la vivienda
58%
Malos olores del exterior
35%
Falta de iluminación natural
13%
Precariedades en la ventilación
12%
Demanda no deficitaria
Sustitución, renta, recreación, otros
84 mil
Mercado de arrendamientos
Rotación anual del mercado de arrendamientos
850 mil
Variación anual del stock de vivienda en arriendo
85 mil
Cambio de tenencia (en propiedad - arrendatario)
30 mil
Fuente: DANE-ECH-ECV 1997, MDE, MMA, DNP, CENAC.

2. La Tendencia.

Con un universo amplio de situaciones habitacionales sin resolver, muchos actores deberían ser convocados a discutir y configurar los lineamientos de una política integral, incluso los elementos de un plan operativo nacional. Sin embargo consideramos que persiste una actitud excluyente (Gobierno central y gremios de la industria de la construcción) tanto en la formulación como en la gestión, seguimiento y evaluación de la política nacional de vivienda popular y esta situación deviene en debilidades y limitaciones caracterizadas por:

· Una visión sectorial de la vivienda como parte de la política económica con lo cual el interlocutor que monopoliza la atención del Estado es la industria de la construcción, para quien la vivienda de interés social es sólo uno de sus mercados y en el que intervienen solo si les es rentable a las tasas de sus otros mercados.

· Un instrumento predominante en la política, y en la gestión “sectorial”, - subsidio a “la demanda-, dirigido a facilitar la adquisición de viviendas que se supone que el mercado oferta. La realidad histórica reciente de Colombia, lo que muestra es que el subsidio a la demanda, tal como esta concebido, no es un instrumento suficiente para remover barreras estructurales que encarecen insumos estratégicos y dificultan los procesos de producción de vivienda.

· El énfasis en el subsidio a la demanda esconde las preguntas obvias sobre las razones y realidades según las cuales, algunos insumos estratégicos para la vivienda popular son costosos o se especula con ellos (suelo y materiales como el cemento y el hierro) y el Estado no interviene eficientemente para regular estos mercados.

· Un menosprecio de la capacidad de autogestión de las comunidades organizadas que son las que han construido el mayor volumen de viviendas populares en el país a través de autoconstrucción y ayuda mutua, en condiciones de completa adversidad. El Estado bien podría, como política pública, promover las formas asociativas como lo manda la Constitución y potenciar el trabajo dignificante de la población en procesos sociales de producción de vivienda. La promoción de las formas asociativas de producción de vivienda, que consiste básicamente en capacitación y asistencia técnica, debe ser considerada como un componente estratégico objeto de subsidio, es más, resulta una inversión con la cual además se previenen problemas de vulnerabilidad y riesgos con sus graves consecuencias sociales y fiscales.

· Un énfasis innecesario en hacer propietarios (en viviendas nuevas y en zonas de expansión), cuando el espectro de soluciones habitacionales dignas, abarca una variedad de posibilidades complementarias entre sí (renovación urbana, densificación panificada, vivienda en arriendo etc.) que aproximan a la población con la satisfacción del derecho a vivienda digna (considerando vivienda y entorno) y posibilita, además, el concurso y la sinergia de varios agentes locales con sus recursos, tangibles e intangibles.

· Baja capacidad del dispositivo institucional para coordinar, armonizar y optimizar de forma sinérgica las capacidades y recursos de los actores locales, públicos, privados y sociales que intervienen en los diferentes momentos y procesos de la gestión de asentamientos humanos.

· Crecientes costos sociales, ambientales y fiscales, principalmente a nivel local, como consecuencia de la incapacidad estatal para prevenir e intervenir de forma inteligente en la gestación y desarrollo de los asentamientos humanos.
[1] Art. 51 Constitución Política de la Republica de Colombia.
[2] Otras preguntas relevantes a este tema son: ¿las ha fijado?, ¿son suficientes, ¿son adecuadas?, ¿qué indicadores y en qué términos y plazos se aplican para valorar si han sido eficientes las condiciones fijadas? Y si las condiciones fijadas no han sido eficientes, ¿que hacer?
[3] Otras preguntas relevantes del mismo tema: ¿Cómo se define la acción de “promover” cual es su alcance? ¿Cuáles son los indicadores que miden si se promovió, o no, y si se promovió adecuada y eficientemente? ¿Quiénes son los responsables políticos y técnicos de las acciones de promoción? ¿Ha promovido “el estado”, (cuáles de sus agentes) planes durante la última década?, ¿cuáles, cuántos, cómo los ha promovido?
[4] Otras preguntas relevantes del mismo tema: ¿cómo se valora la efectividad y pertinencia? Si los ha promovido, ¿son éstos adecuados? ¿Quién define y cómo, qué es lo adecuado para este caso?
[5] Otras preguntas relevantes del mismo tema: ¿A qué ámbito del estado le corresponde hacer esta promoción y ¿cómo se puede valorar si lo ha hecho o no? y si lo ha hecho, ¿ha sido suficiente y eficiente?

[6] El PIB es el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por una economía en un período determinado. Producto se refiere a valor agregado; interno se refiere a que es la producción dentro de las fronteras de una economía; y bruto se refiere a que no se contabilizan la variación de inventarios ni las depreciaciones o apreciaciones de capital

sábado, 25 de julio de 2009

MULTAS A 210 CONSTRUCTORAS EN BOGOTÁ POR FALLAS EN EDIFICACIONES


La Secretaría de Hábitat en el último año ha monitoreado 428 constructoras y ha impuesto sanciones a 210 por irregularidades en el proceso de urbanismo. En el rango más alto de multas está Milenio Ltda, responsable de las casas en el barrio San Cristóbal sur, en donde se tuvo que evacuar a más de 70 familias por derrumbamiento del suelo.

Constructora de casas en San Cristóbal Sur se declaró en banca rota La sanción más alta es para la constructora Milenio Ltda, a cargo de Ricardo Cardozo, con el proyecto Buenavista Oriental por $37.789.560, donde el pasado sábado 7 de febrero unas 20 familias tuvieron que salir de la vivienda en la madrugada por un alud de tierra que cayó encima del patio de sus casas.La sanción más alta es para la constructora Milenio Ltda, a cargo de Ricardo Cardozo, con el proyecto Buenavista Oriental por $37.789.560, donde el pasado sábado 7 de febrero unas 20 familias tuvieron que salir de la vivienda en la madrugada por un alud de tierra que cayó encima del patio de sus casas.Otros cuatro casos relevantes en Bogotá son: la constructora Conmil S.A. con el proyecto El Roble por una cuantía de $38.499.660. La Constructora Kadas S.A., con la construcción Bosques de Soratama por $ 33.065.865.; la constructora Urbanización San Carlos con el proyecto del mismo nombre cuya multa es de $28.342.170 y Construdiseño Ltda, por el proyecto El Pireo por una cuantía de $20.105.378.Los casos más críticos que fueron terminados exitosamente por conciliación son: Constructora A.R. Construcciones y Urbe Capital. La primera, en el proyecto Parque Central Salitre Etapas I, II y III, por filtraciones, humedades de fachadas y cubiertas; y la segunda, por la constructora Urbe Capital en el proyecto Redil de Castilla II, por fisuras y fachadas.
Multas impuestas en el último añoEntre un millón y 5 millones de pesos: 104 constructoras multadas. Entre 5 y 10 millones de pesos, la sanción fue para 51 constructoras; entre 10 y 20 millones, se presentaron 16 multas y finalmente, entre el rango de 20 y 50 millones, 9 constructoras recibieron dichas multas.Así mismo, la Secretaría Distrital de Hábitat, entre enero de 2008 y enero de 2009 ha resuelto 1.307 casos. Con este seguimiento de control a las constructoras, la Secretaría Distrital de Hábitat, reafirma su voluntad de velar por las familias que en búsqueda de una vivienda propia, entregan sus ahorros a constructoras que no cumplen con lo pactado, dejándolas como en el caso de Buena Vista Oriental, sin vivienda.


Por: Elespectador.com

jueves, 23 de julio de 2009

LA ACTUAL CRISIS ECONOMICA, FINANCIERA Y DE VIVIENDA

INFORME DE LA ONU

Para comprender la crisis y sus impactos, y para poder realizar recomendaciones adecuadas en torno al problema de la vivienda, es importante analizar las decisiones económicas y financieras que han llevado a la situación actual.
Es comúnmente aceptado que la crisis se ha originado por la quiebra del sistema de crédito asociado a las hipotecas subprime. Este concepto fue acuñado para aquellas hipotecas que se daban a personas que no podían acceder a las hipotecas convencionales. Las subprime tenían condiciones más duras de pago, como mayores intereses y un gran riesgo de desahucio por impago. Estas hipotecas fueron posteriormente vendidas en los mercados financieros a inversores globales.
Durante la última década generaron un negocio estimado de 1.3 millones de millones de dólares hasta marzo de 2007. Fueron promovidas, en principio, por algunos países desarrollados como una manera de expandir el mercado inmobiliario, frecuentemente a las familias de bajos ingresos. Se hizo en un contexto de gran liquidez que inducía a una rápida expansión del crédito en países emergentes y desarrollados. El mercado financiero inmobiliario llego a ser una actividad importante para el sector financiero, inflando la burbuja de precios en el sector. La liberalización del mercado fue promovida por el desarrollo de normativas y políticas de desregulación de los mercados financieros.
Por ejemplo, se decidió relajar los controles a los créditos y acabar con las limitaciones a la entrada de los mercados de deuda.
En EE.UU., las subprime surgieron a mediados de los ‘90, llegando al 20.1% de todas las hipotecas concedidas en 2006. Desde 2004, más del 90% de las subprime tenían un tipo de interés variable que crecía rápidamente después de un período inicial de bajo interés.
En años recientes, la mayoría de hipotecas tipo subprime fueron hechas por instituciones sin depósitos. Para eso, esas “originadoras” pidieron prestados millones de dólares; así, fueron dueñas de los créditos sólo brevemente (60 o 90 días) antes de empaquetarlos con otros créditos y venderlos a mercados secundarios de inversores en un proceso llamado de securitización[2], lo que les permitiría devolver los créditos que habían pedido.
La expansión del negocio de las subprime fue acompañado de una inadecuada percepción del riesgo por los inversores, la falta de diligencia de reguladores y supervisores, la excesiva permisividad de las instituciones financieras y la especulación inmobiliaria y sobre-construcción durante el periodo de boom. Los consumidores se vieron inadecuadamente protegidos y frecuentemente fueron víctimas de prácticas abusivas.
Mientras tanto, en el caso de España se practicaron otras formas de subprime: financiando el 100% de la vivienda o hipotecas sin intereses iniciales para jóvenes, etc.
El sistema funcionó mientras crecía el mercado de vivienda y los hipotecados podían pagar sus mensualidades. Entre 2006 y 2007 el mercado de vivienda se estancó en muchos países, los créditos se revaluaron y en 2007 un gran número de hipotecados dejó de pagar. Comenzaron las ejecuciones hipotecarias, cuadruplicándose entre el tercer cuarto de 2005 y finales de 2007, llegando los impagos al 20.43 %.
Entre el verano y el otoño de 2007 el colapso del mercado de las subprime comenzó a afectar a los bancos de EE.UU. y Europa que habían invertido en él. Los intervienen de diversas maneras, la mayoría con inyecciones de dinero por parte de los bancos centrales, apoyando determinados bancos y compañías y en algunos casos nacionalizando instituciones.
En diciembre de 2007, el presidente de EE.UU. propuso medidas de apoyo a las víctimas de la crisis, en especial a los pendientes de desahucio, estimados en 1.7 millones de personas.
Los mercados de valores comienzan a tener importantes caídas a partir de enero de 2008 y el impacto de la crisis en la economía real se predice por parte del Banco Mundial.
Durante el año, mientras que los precios de la vivienda y las hipotecas continúan cayendo y un creciente número de bancos se colapsan, las iniciativas para contener la crisis se multiplican, incluyendo los paquetes de medidas de rescate nacionales para los sistemas bancarios y los recortes de los tipos de interés de los bancos centrales. A partir de agosto de 2008, un creciente número de personas perdieron sus empleos en los países occidentales.
De cara a una potencial catástrofe, y en medio de duras críticas por la intervención del estado para salvar compañías privadas y mercados, algunos países intervienen comprando activos contaminados, inyectando dinero a los bancos. Estas medidas son consideradas por algunos expertos como una oportunidad para repensar un sistema en el que las entidades privadas han tomado como rehenes a la población y las autoridades, dadas las consecuencias significativas de sus actuaciones.
La actual crisis representa una amenaza para la implementación del derecho a la vivienda si las pérdidas de los bancos se convierten en deuda pública a expensas de los programas estatales y la ayuda para vivienda y otras áreas sociales. Ello puede profundizar la actual crisis de vivienda y de las condiciones de vida.
Otro elemento a tener en cuenta es el impacto en los estados de los procesos de aceleración de la interdependencia global, interacción e integración. La crisis que inicialmente era vista como de los países desarrollados está afectando rápidamente a los países en vías de desarrollo. Afectará de forma diferente dependiendo de sus relaciones con el sistema financiero internacional; afectará menos en el África Subsahariana por su menor conexión con las instituciones financieras occidentales.
A pesar de eso tendrá efectos en los países en vías de desarrollo: disminución de las exportaciones, reducción de la ayuda al desarrollo, disminución de las remesas de los migrantes y reducción de la inversión extranjera directa. Además, en caso de una recesión global la crisis afectará a todos los países.
La Relatora Especial cree que la crisis y sus orígenes en el mercado inmobiliario reflejan los errores fundamentales en las políticas de viviendas, y revela la incapacidad de los mecanismos del mercado para proveer de vivienda adecuada para todos. Las causas que se encuentran bajo la crisis hipotecaria y financiera deben ser examinadas para calcular su impacto en el derecho a la vivienda adecuada.
MERCANTILIZACION DE LA VIVIENDA

La reducción del papel del estado en el suministro de vivienda, dejando en manos del mercado la provisión de la misma, ha facilitado la percepción de la vivienda como un bien más que puede ser comprado y vendido como cualquier otro objeto de consumo. Considerada una mercancía y un activo financiero, otras dimensiones del derecho a una vivienda adecuada han sido negadas, lo cual tiene consecuencias significativas para el disfrute de los derechos humanos para todos. Expertos apuntan a la globalización como acentuadora de la mercantilización de la vivienda; la escalada de los precios de la vivienda y los alquileres son la respuesta normal del mercado basado en la oferta y la demanda exclusivamente.
Cuando el crédito está disponible y el capital financiero busca oportunidades de inversión, la competencia por el suelo urbano y el valor de la tierra crece, entonces sólo los sectores de más altos ingresos pueden aspirar a comprar.
El aumento de los precios de la vivienda está influenciado por una variedad de factores: la especulación del suelo y la vivienda, la renovación urbana y la creación de las llamadas ciudades de clase mundial tienen un impacto directo en la accesibilidad. El resultado es la creación de áreas creadas específicamente para las capas adineradas, con todo el confort y los servicios que puedan desear. En el otro lado, los que no pueden acceder a esas áreas son empujados a suburbios de viviendas precarias, con escasos servicios o sin ellos y demasiado lejos de sus medios de vida. Los grupos vulnerables, en especial las mujeres, son los más afectados por la carencia de soluciones y los que sufren los efectos de las fuerzas centrífugas que los arrastran a las afueras de las ciudades, sin infraestructura ni servicios. Esta migración es el resultado de la falta de viviendas, servicios y otros bienes en condiciones asequibles, así como de la carencia de políticas adecuadas.
Como sector rentable, la vivienda y el suelo han sido objeto de especulación en todo el mundo, contribuyendo a la escalada de precios. La actual crisis empeora los problemas de accesibilidad a la tierra y a la vivienda a través del mundo. No sólo afecta a los pobres, cada vez más afecta a los sectores de rentas bajas y medias. La diferencia entre el aumento de los ingresos y el aumento de los precios de la vivienda y los alquileres es crucial en este contexto, conduciendo a las familias a un constante temor a perder sus hogares por no poder pagar los plazos de sus hipotecas y alquileres.
Evidentemente, en el contexto de la mala unión entre necesidad y disponibilidad, y la falta de accesibilidad, muchos no son capaces de competir por una vivienda adecuada por su situación económica. Además, la integración de los mercados de vivienda en los circuitos financieros generales significa que propietarios individuales tienen que competir con multinacionales por el capital y el crédito. Basar la posibilidad de acceso a la vivienda en una competencia en base a los ingresos es, desde parámetros de derechos humanos, una discriminación inaceptable.

jueves, 16 de julio de 2009

DESMASCARANDO LA FALSEDAD DE LAS ASOCIACIONES CONTRA EL UPAC – UVR



Hay algo igual de detestable e indignante que la misma hipocresía de la clase capitalista al hablar sobre el derecho a la vivienda para los pobres, y es la hipocresía de aquellas asociaciones que dicen defender la vivienda de la clase trabajadora, cuando realmente lo que buscan es instrumentalizar la necesidad de la gente para hacer dinero tal como lo hacen Anupac (Asociación nacional de contribuyentes y usuarios del sistema financiero), Fupac (Fundación de damnificados del sistema UPAC – UVR).
Estas asociaciones surgieron a mediados de la década de los 90, con la intensificación de los efectos sociales negativos de los créditos con UPAC (Unidades de poder adquisitivo constante) desde sus inicios estas asociaciones no han tenido nada de reivindicativo en su accionar ya que se han limitado a ofrecer un paquete de asesorías jurídicas a los afectados de los créditos hipotecarios que tengan el suficiente dinero para sostener un largo proceso la mayoría de veces infructífero que solo sirve para demorar un poco el momento definitivo de la expropiación por parte del banco de la vivienda. Estas asociaciones no admiten la asociación directa en defensa de la vivienda, sin embargo cuando un grupo de trabajadores se organicen para defenderse de un desalojo, no pierden oportunidad para ganar protagonismo y darle publicidad a sus corruptas empresas. Pasando como voceros de una lucha, de la cual nunca han participado porque la lucha por la vivienda no se reduce a una oficina o al parlamento esta se da en cada resistencia que se ofrece frente a un desalojo en la que la solidaridad y el apoyo mutuo vale más que un incidente de nulidad o cualquier otro documento legal, porque nuestro derecho a una vivienda trasciende del papel para ser un derecho natural inalienable a todo hombre o mujer.
No podemos seguir aceptando el accionar de estas mal llamadas asociaciones viviendistas, que están lejos de representar los intereses de los afectados por los créditos, hipotecarios, solo nuestra auto organización, la solidaridad de clase y la acción directa podría poner fin a la capitalización de intereses para adquirir vivienda en forma de UVR y reivindicar nuestro derecho a una vivienda digna.


NO PERMITIREMOS QUE ESTAS ORGANIZACIONES ENGAÑEN Y SE LUCREN CON EL SUFRIMIENTO Y LA DESESPERACION.
BOICOT A ANUPAC, FUPAC Y AGOBIADOS VIVA LA AUTOORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJADORES VIVA LA LUCHA POR UNA VIVIENDA DIGNA


GRUPO ANTORCHA LIBERTARIA

sábado, 11 de julio de 2009

Paramilitares se toman el casco urbano del municipio de Convención (Norte de Santander)


El lunes 6 de julio en las horas de la mañana se celebró en el municipio de Convención un consejo de seguridad realizado por los comandantes del Ejército y de la Policía de esta localidad. Ese mismo día, en horas de la noche, arribó al casco urbano un grupo ilegal que se hace llamar “Los Rastrojos”.
El martes 7 de julio, nuevamente se hace un consejo de seguridad y, "casualmente", en horas de la noche los paramilitares se posicionan en los barrios Kennedy, 12 de Enero, Llano Balón y Los Fundadores. Este último es un barrio marginal de invasión en el que están asentadas familias que fueron desplazadas años atrás por la violencia paramilitar.
Se ha conocido que los comandantes de estos grupos son Yober Hoyos, quien habita en el barrio 12 de Enero, y Yurgen Alirio Rincón Álvarez, quien habita en Llano Balón. La comunidad ha denunciado también que han preguntado por algunos habitantes del corregimiento de Honduras y que ya iniciaron el reclutamiento de jóvenes campesinos.
Por los hechos anteriormente reseñados estamos alertando a la administración de Justicia, a las autoridades civiles y a los organismos de control para que tomen las medidas necesarias frente a la protección y garantías para los pobladores de la región y evitar así que la historia de violencia paramilitar vivida hace una década, y que aún se encuentra en la total impunidad, se repita nuevamente.

Asociación Campesina del Catatumbo

domingo, 5 de julio de 2009

Italia - Dos anarquistas presos y 40 registros por la península


Sergio y Alessandro presos, y más de 40 anarquistas investigadxs en ItaliaHoy 3 de julio se ha desatado otro gran operativo por parte de los ROS (raggruppamento operazioni speciali) de los Carabinieri italianos, bajo la orden de la Fiscalía de Perugia. Se ha enviado a prisión a dos compañeros anarquistas, Sergio y Alessandro y se han realizado más de 40 registros domiciliares.Las imputaciones contra los compañerxs presos e investigadxs son: "asociación subversiva" (el articulo 270bis) y "atentado a la seguridad de los transportes públicos". Según los represores los dos compañeros presos estaban planeando un sabotaje a la línea ferroviaria Orte-Ancona (centro Italia) y fueron interceptados mientras viajaban en un coche robado. Pero, damos por hecho que esa es la versión que han recogido los periodistas, ya que todo esos registros estaban planeados desde hace meses. Muchos compas piensan que quizás no sea casual este operativo justo pocos días antes del G8 en Italia. El compañero Sergio tuvo ya un condena a 2 anos y 8 meses de cárcel por un artefacto incendiario contra una carnicería en la ciudad de Arezzo.Al mismo tiempo los represores indicaron que quisieron golpear el anarco-insurreccionalismo italiano, a través del secuestro del periódico "KNO3", y que tienen pruebas de contactos entro lxs investigadxs y anarquistas griegxs y espanolxs.En cuanto estén disponibles se darán las direcciones de los presos Sergio y Alessandro.saluti ribelliArchivio Severino di Giovanni

jueves, 2 de julio de 2009

MASACRE DE MAPIRIPAN: 12 AÑOS DE IMPUNIDAD



Mapiripán conmemora, después de 12 años de tristeza y dolor, la masacre que se vivió durante cinco días en aquel municipio del Meta, cuando más de 200 paramilitares, con ayuda del Ejército Nacional, torturaron, masacraron y desmembraron al menos a 49 campesinos, esparciendo sus restos por todo el río Guaviare.
La Mesa de Trabajo Mapiripán, junto con distintas organizaciones defensoras de derechos humanos, quiso rendir un homenaje a los campesinos asesinados y a todas las familias que vivieron esos fatídicos días, lanzando, el pasado 11 de junio, la Caravana de la memoria por la vida y la paz, ’Mapiripán 12 años’.
El objetivo de esta movilización, que se realizará entre el 18 y el 20 de julio, es recordar lo que sucedió en ese municipio, buscando que la masacre no quede en el olvido. Además, en honor a las víctimas, se colocará un monumento en el lugar en que fueron cometidos los crímenes.
Entre el 15 y el 19 de julio de 1997, un grupo de paramilitares, apoyados por el Ejército y la Policía, llegaron a Mapiripán y cerraron las rutas de acceso a esa población, con el propósito de asesinar a decenas de personas, a las que acusaban de ser, supuestamente, colaboradores de la guerrilla. Según testimonios, las AUC llegaron con una lista en la que se encontraban los nombres de sus víctimas, quienes fueron sacadas a la fuerza de sus casas para ser torturadas, mutiladas y asesinadas.
Durante días, los paramilitares se ensañaron con esta pequeña población, degollando, decapitando y quitando manos y pies a los incluidos en la ’lista negra’ proporcionada, según se supo años después, por la inteligencia militar.
Dicen los pobladores que no podían ir a preguntar por sus familiares ni recoger los cuerpos para darles sepultura, porque los paramilitares lo prohibían, bajo pena de muerte. Los sobrevivientes salieron huyendo de ese lugar: muchos llegaron a Villavicencio y Bogotá, a las casas de familiares, muchos otros aguantaron hambre en las calles, sin poder olvidar lo sucedido. Años después de la masacre, se dice que siguen desapareciendo a las personas que sobrevivieron al suceso.
Investigaciones sobre el caso llegaron a la conclusión de que el hecho fue planeado en el Urabá por Salvatore Mancuso y Carlos Castaño. Para la acción criminal fueron usados dos aviones con tropas paramilitares a bordo, que partieron desde Apartadó y Necoclí (Antioquia) hasta el aeropuerto militar de San José de Guaviare. La Fiscalía determinó, en su momento, la responsabilidad del Ejército que, además de no haber documentado la operación de estas aeronaves, prestó a las tropas de ultraderecha el transporte terrestre y las lanchas rápidas necesarias para transportarse hasta Mapiripán.
Por estos hechos fueron destituidos y juzgados el general Jaime Humberto Uscátegui, quien fue absuelto de los cargos después de cumplir ocho años de su condena, y el teniente coronel Hernán Orozco Castro, quien escapó de la cárcel y se mantiene prófugo de la justicia.
Con ello, las penas de hasta 40 años con las que se pensó se castigaría a los responsables no han sido cumplidas y los autores intelectuales de esta masacre no han sido debidamente identificados, según señala el fallo con el que, el 15 de septiembre de 2005, la Corte Iberoamericana de Derechos Humanos condenó al estado colombiano por la participación de la Fuerza Pública en estos crímenes de estado.
Actualmente, distintas multinacionales estadounidenses han llegado a Mapiripán para intentar comprarle sus tierras a los campesinos, fundamentalmente para la explotación minera, lo que plantea de nuevo el debate sobre la responsabilidad de EU en este crimen.
Mapiripán aún no se repone de lo sucedido, pero sigue esperando que los responsables de esta masacre paguen por sus delitos. Mientras tanto, se harán honores a la memoria de los inocentes asesinados por esos tristes días de julio, a manos del Estado y de fuerzas paramilitares.